El código penal español a través de sus diferentes reformas, establece que las personas jurídicas (empresas) pueden ser responsables penalmente de muchos y diversos delitos, convirtiéndose en sujetos susceptibles de cometer delitos.
Independientemente de las personas físicas que las integren, las empresas son responsables de los delitos cometidos por sus miembros (administradores, apoderados, empleados, colaboradores...), siempre que los comentan en beneficio (directo o indirecto) de la organización.
Dicha responsabilidad penal puede quedar exenta si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
La norma UNE 19601:2017, la única certificable en España en este ámbito y de aplicación a todo tipo empresas, aporta un criterio claro y objetivo para establecer los requisitos que debe tener un sistema de gestión de cumplimiento penal.
En esta ficha podrá descargar una práctica presentación en PDF de la Norma UNE 19601:2017
*Las acciones indicadas son sólo ejemplos. Toda acción a llevar a cabo en una entidad debe ser adaptada a su realidad y a sus concretas necesidades.
El código penal español a través de sus diferentes reformas, establece que las personas jurídicas (empresas) pueden ser responsables penalmente de muchos y diversos delitos, convirtiéndose en sujetos susceptibles de cometer delitos.
Independientemente de las personas físicas que las integren, las empresas son responsables de los delitos cometidos por sus miembros (administradores, apoderados, empleados, colaboradores...), siempre que los comentan en beneficio (directo o indirecto) de la organización.
Dicha responsabilidad penal puede quedar exenta si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
La norma UNE 19601:2017, la única certificable en España en este ámbito y de aplicación a todo tipo empresas, aporta un criterio claro y objetivo para establecer los requisitos que debe tener un sistema de gestión de cumplimiento penal.
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